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Es positiva la ayuda por hijo anunciada, pero no habrá políticas sociales exitosas sin incentivar la educación y la reinserción laboral
Hay en la Argentina unos 13.600.000 menores de 18 años, de los cuales aproximadamente seis millones habitan hogares pobres, de acuerdo con estudios privados, al tiempo que cada día mueren ocho niños exclusivamente por desnutrición.
Frente a este triste panorama para un país cuya economía exhibió entre 2003 y 2008 importantes tasas de crecimiento, pero aún alberga un nivel de pobreza que, según los cálculos más serios, rondaría un tercio de su población, es positivo que, al menos por una vez, las autoridades nacionales dejen de esconder nuestras miserias bajo el manto de las vergonzosas estadísticas del Indec y busquen soluciones concretas a un problema real.
El anuncio de la presidenta Cristina Kirchner sobre una ayuda de 180 pesos mensuales por hijo, dirigida a trabajadores desocupados o que se desempeñen en el sector informal y perciban una suma inferior al salario mínimo, no deja de ser un hecho saludable.
Claro que hubiese sido mucho más saludable que el gobierno kirchnerista adoptara hace mucho tiempo una visión menos mezquina del problema de la pobreza y buscara un amplio consenso con sectores políticos y sociales en pos de edificar una política de Estado.
Hubiese sido mucho más aconsejable también que los aproximadamente 10.000 millones de pesos que demandará la citada ayuda social no provinieran de recursos de la Anses, que deberían tener como destinatarios a los actuales jubilados, muchos de los cuales esperan vanamente que el Estado reajuste sus haberes en función de legítimas órdenes judiciales inexplicablemente desconocidas por el Poder Ejecutivo.
Resulta inconcebible que los pobres financien a los pobres y que el Gobierno se resigne una vez más a recurrir a las arcas de la Anses, en lugar de reorientar el gasto público con un criterio de eficiencia.  Como en otras ocasiones, el gobierno kirchnerista ha recurrido a golpes de efecto de corto plazo, comprometiendo el mediano y el largo, y sembrando la semilla de la desfinanciación del sistema previsional.
Lo expresado adquiere más relevancia cuando se observan los cuantiosos aportes que el Estado está haciendo para sostener a una empresa aérea reestatizada con un déficit millonario y con funcionarios que utilizan sus aviones para ir a ver un partido de fútbol a la vecina orilla. O la multiplicidad de planes sociales, administrados en no pocos casos por organizaciones afines al Gobierno, cuyos cabecillas se han jactado por sus hechos delictivos o, como la jujeña Milagro Sala, se vanaglorian por haber derrocado a varios gobiernos.
Tras el anuncio presidencial sobre la ayuda a los menores, varios funcionarios kirchneristas se preocuparon por desmentir cualquier intención oficial por fortalecer los lazos clientelares. Para distintos dirigentes de la oposición, la instrumentación de este plan social no garantiza el fin de la nefasta concepción por la cual los pobres son empleados como carne de cañón por los aparatos partidarios.
La posibilidad de un subsidio universal para toda familia que tenga hijos menores de 18 años le hubiera asestado un golpe mortal al clientelismo. Se trata, por cierto, de una propuesta discutible, con puntos a favor y en contra. Lo que no se entiende es por qué el Poder Ejecutivo se cerró a un debate tan crucial y optó por un decreto de necesidad y urgencia.
Como lo hemos señalado desde esta columna editorial, la lucha contra la pobreza nunca podrá ser librada eficazmente por una fracción política que requiere una cuota permanente de pobres forzados a darle su voto para no perder la asistencia.
El combate contra la miseria tampoco será eficaz en el mediano plazo si la única receta para enfrentarla es el asistencialismo. Es positivo que la ayuda anunciada esté sujeta a la obligación de que los menores concurran a la escuela. Pero es necesario profundizar ese camino, incentivando la capacitación y la reeducación laboral de quienes han perdido su trabajo.
No habrá políticas sociales exitosas si no se tiene presente que la mejor seguridad social para una familia radica en la educación y en proyectos de formación continua que faciliten la empleabilidad y dignifiquen al trabajador.